Desde Estudiantes Progresistas en Huelva nos gustaría invitaros a la manifestación convocada para el jueves a las 12:00 en la plaza de los bomberos.
Tabla Reivindicativa del Encuentro Estatal de Asambleas de Educación
Activistas del ámbito educativo y estudiantil provenientes de asambleas de
Almería, Cádiz, Cataluña, Córdoba, Madrid, Sevilla, Valencia y Valladolid, conscientes de las agresiones que se están produciendo y van a producirse contra la educación pública en el Estado español, manifiestan lo siguiente:
Desde que comienza la crisis en 2008 y la banca privada y las grandes
empresas y firmas comerciales entran en banca rota, el gobierno del Estado español ha venido optando por rescatarlos con fondos públicos. Como consecuencia de esto, la deuda del Estado español se incrementó de manera desmedida. Los planes de austeridad han servido, tanto a los gobiernos autonómicos como al gobierno central (responsabilidad de PSOE y PP) para justificar los recortes en los servicios públicos y profundizar en el proceso privatizador de las empresas y servicios públicos, afectando a la población en general.
Éstos, los recortes, bien se podrían evitar con la suspensión de pagos de
aquella parte de la deuda pública declarada ilegitima por una auditoria democrática y transparente. Además, exigimos una equiparación de la presión fiscal a todos los sectores económicos de forma progresiva, especialmente en el caso de las SICAV, las cuales tributan al 1% mientras el impuesto medio del IRPF oscila entre el 35-45%.
También exigimos una mayor persecución del fraude fiscal, el cual, según datos del sindicato de trabajadores del Ministerio de Hacienda, hace perder al Estado cerca de 90.000 millones de euros anuales.
En la enseñanza primaria, media y superior, esta situación se concreta en una
profundización de la degradación de la enseñanza pública, mercantilizando un
derecho básico universal y convirtiendo la educación en una herramienta más al servicio del mercado.
Estos recortes se plasman en la no renovación de contratos en distintas
Comunidades Autónomas, así como en la supresión de puestos para interinos, el fin de la posibilidad de la jubilación adelantada para el profesorado y la deficiente o nula convocatoria de oposiciones en un curso en el que ha aumentado la matriculación de alumnos en la escuela pública. A modo de conclusión, se puede afirmar que hay:
- Disminución drástica de profesorado (6000 profesores menos en la
Comunidad de Madrid, 800 menos en Galicia y el 6% menos en Castilla la
Mancha).
- Aumento de los ratios por clase (el número de alumnos) infringiendo la
legislación, reduciendo el número total de grupos y masificando las aulas.
- Eliminación de recursos presupuestarios para integración social de alumnos
con necesidades específicas (reducción de pedagogos y trabajadores
sociales en el ámbito educativo público).
- Degradación de las condiciones laborales del profesorado, con aumento de
la jornada lectiva además de impartir materias que no corresponden a su
especialidad, precarizando la calidad docente.
- Degradación de la democracia interna de los centros por la supresión o
dificultad en la realización de la tutoría de clases.
- Externalización de los servicios y de actividades extraescolares (cesión a
empresas privadas), precarizando los contratos laborales en especial de las
mujeres por su mayor representación en este sector.
Por todo esto, exigimos:
1. Como mínimo, vuelta inmediata al cupo de profesorado de 2009 y progresivo aumento de las plazas en función de los alumnos matriculados.
2. Aumento progresivo del presupuesto público destinado a educación hasta llegar al 7% del PIB.
3. Progresiva eliminación de la financiación pública de centros privados.
Redirección del importe total destinado a becas a los centros públicos,
eliminación de la concertación pública de centros privados y ampliación de la
educación pública hasta la cobertura total incluyendo también la especial.
4. Supresión de las exenciones fiscales a las familias cuyos hijos cursan estudios en la enseñanza privada, ante del hecho de que cada estudiante de la educación secundaria privada en Madrid supone una desgravación de 900€, alcanzando un total de 90 millones de euros que deja de ingresar la administración pública.
5. Derogación inmediata de las reformas de la Prueba de Acceso a la Universidad, tanto la del 2008 como la del 2010.
6. Derogación del nuevo 4º de ESO por segmentar al estudiantado en función de su origen socieconómico.
7. Paralización efectiva e inmediata del proceso de implantación del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) y del Espacio Europeo de Investigación
(EEI), así como de todas las reformas contenidas en la “Estrategia Universidad
2015” del Gobierno, y apertura de un debate público en el seno de la comunidad académica sobre el futuro de la educación superior.
8. Apostamos por una Universidad Pública, Democrática y de calidad, por ello, en el marco de la implantación del EEES y EEI, manifestamos las siguientes
reivindicaciones:
a) Exigimos un sistema de becas público a fondo perdido que cubra las
necesidades integrales básicas de las estudiantes y que esté basado en
criterios socio-económicos eliminando las actuales becas-préstamo.
b) Rechazamos la subida de las tasas de matriculación, así como, la penalización económica a las 2ª y 3ª matrículas, reivindicando la congelación y bajada progresiva de las tasas hasta alcanzar la gratuidad.
c) Defendemos un modelo de universidad financiado íntegramente por las
administraciones públicas para ello demandamos un incremento del gasto
público en educación superior hasta alcanzar el 2% del PIB, oponiéndonos a la
introducción de financiación privada que está condicionada a criterios ajenos
a los de la propia comunidad académica.
d) Nos oponemos al sistema de financiación público-privado, estructurado en una serie de elementos como:
i. La inversión pública condicionada a la implementación de objetivos mercantiles.
ii. La inversión privada mediante distintas fórmulas de colaboración empresarial como las spin off, cátedras empresas, parques científicos, prácticas en master y postgrado, etc.
e) Rechazamos de plano el proyecto Campus de Excelencia Internacional,
puesto que implica el funcionamiento de las universidades a modo de
empresas llamadas a competir entre sí por atraer a las estudiantes/clientas,
ofertando títulos propios y liberalizando la contratación de su personal; así
como por allegar financiación privada en función de beneficios ajenos a la
institución.
f) Reivindicamos un modelo de Universidad basado en la democracia
participativa que sirva a los intereses reales de la sociedad, y por tanto
rechazamos de pleno las reformas en la estructura de gobierno de las
universidades contenidas en la EU 2015, que suponen un control decisivo y
unilateral de su funcionamiento por parte de las sociedades mercantiles de
más poder. Por lo tanto, manifestamos:
i. Que toda reforma universitaria requiera la legitimación mediante referéndum de toda la comunidad universitaria.
ii. La exigencia de un posicionamiento de los distintos órganos universitarios y de las administraciones pública sobre el informe “Escenarios de gobierno en las universidades europeas” de la Fundación CyD.
iii. La negativa a cuestiones planteadas en este informe como: que los decanos sean elegidos “a dedo” por el rector, que se reduzca el número de órganos colegiados de toma de decisiones, la unificación del consejo social y del consejo de gobierno sin ser este último elegido por el claustro, etc.
g) Reivindicamos un debate público en el seno de la comunidad estudiantil para la redacción de un nuevo Estatuto de la Estudiante Universitaria. Por tanto:
i. Exigimos la supresión del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, por ser un órgano antidemocrático que no representa los intereses de las estudiantes, y reivindicamos una participación directa y decisiva de la comunidad estudiantil en las políticas educativas a nivel estatal.
ii. Exigimos una carta de derechos más amplia que contemple derechos fundamentales como el derecho a huelga, y que sea vinculante a todas las universidades.
h) Exigimos la retribución de las prácticas con el fin de evitar la explotación y el trabajo no remunerado.
i) Abogamos por unas condiciones laborales dignas para PDI y PAS, y por ello nos oponemos a la imposición a la comunidad universitaria de una normativa laboral subordinada a criterios de rentabilidad empresarial.
j) Nos oponemos a la fragmentación en grado y postgrado de la enseñanza
superior y a la degradación progresiva de los contenidos de los grados, que
devalúa la enseñanza universitaria y obliga a la estudiante a completar su
formación con un máster.
k) En relación con el punto anterior:
i. Exigimos la eliminación del actual Máster en Formación del Profesorado, que supone una formación insuficiente además de una criba económica en el acceso a dicha profesión.
ii. Rechazamos las medidas que impiden el acceso al ejercicio de la profesión de abogada mediante la imposición de la realización del Máster de Abogacía a las estudiantes de Licenciatura de Derecho.
l) Exigimos la derogación de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación, puesto que doblega la investigación universitaria a los intereses
de las empresas más fuertes de cada sector productivo y evalúa la pertinencia de las inversiones en base a criterios de rentabilidad
extracientíficos, constituyendo una fuga de recursos públicos al desarrollo
de investigaciones que han de producir beneficios privados.
m) Reivindicamos la derogación de la LOMLOU, lo cual implica:
i. Paralización del actual proceso de reducción y descualificación general de las titulaciones, que se enmarca en el Proceso de Bolonia. Por ello, exigimos la derogación del Real Decreto de 29/10/07 que establece la ordenación de enseñanzas universitarias, así como de los precedentes Reales Decretos de grado y postgrado de 2005.
ii. Derogación del Real Decreto de ECTS, puesto que este sistema de créditos impone la figura del estudiante a tiempo completo e imposibilita la compatibilidad de los estudios como otro tipo de actividades.
iii. Rechazamos la intervención en la Universidad de cualquier grupo externo de poder económico o político, por lo tanto exigimos la abolición del Consejo Social y de la ANECA.
9. Buscamos la laicidad real de los centros educativos públicos y del sistema
público de enseñanza, por lo que exigimos:
a) Supresión del adoctrinamiento religioso de la educación pública, sin que esto impida el conocimiento de las diferentes religiones y culturas.
b) Fin de la segregación en el ámbito educativo.
c) No a la financiación con dinero público de las trabajadoras y los trabajadores eclesiásticos, así como de los actos religiosos.
d) No a las celebraciones religiosas en actos institucionales relacionados con la educación y a la participación en estas celebraciones de cargos públicos en
representación de la institución.
e) Cumplimiento inmediato y efectivo de la normativa en materia religiosa que prohíbe la exhibición de símbolos religiosos en centros públicos.
f) Desacralización de los espacios religiosos en los centros educativos públicos y sobreseimiento de la causa de las compañeras represaliadas del campus de Somosaguas (UCM).
10. Manifestamos un rechazo total a la intervención o colaboración militar en la universidad, y en consonancia con esto:
a) Exigimos la desvinculación del aparato militar del ámbito universitario.
b) Buscamos el cese de los convenios con el ejército, así como una formulación de prohibición de investigación militar en la universidad.
11. Nos oponemos a la intervención de entidades privadas y sus intereses
mercantiles en la educación pública, ya sea en forma de contratas y
subcontratas, externalización de servicios o gestión. Así mismo:
a) Reivindicamos el fin inmediato de la cesión de suelo público a proyectos
privados.
b) Exigimos el fin de la intrusión de los bancos en la enseñanza pública y el
desarrollo de una alternativa al lucro privado, como la recaudación y gestión
pública de los fondos para los centros mediante un sistema fiscal realmente
redistributivo.
12. Nos manifestamos en contra de toda forma de precariedad laboral o estudiantil, presente o futura. Por ello:
a) Exigimos el fin de la precarización de las trabajadoras y los trabajadores de toda la comunidad educativa, sean del área que sean.
b) Abogamos por la estabilización del empleo para profesoras y profesores
asociados, así como personal contratado en proyectos de investigación.
c) Nos negamos a la instrumentalización de las becas de colaboración para
encubrir relaciones laborales.
d) Exigimos el avance hacia un modelo de relación entre tituladas y empresas en el que no se promocionen las becas y prácticas de empresas no
remuneradas o precariamente remuneradas, y fomentar el contrato estable.
No a la transferencia de mano de obra barata y precarizada de la universidad
a las empresas.
13. Reclamamos la revisión desde una perspectiva de género de todo el sistema educativo.
14. En consonancia con el punto interior, reivindicamos la inclusión de contenidos de diversidad sexual y de género en los planes de estudio.
15. Buscamos visibilizar la existencia de todos los conflictos por género, orientación sexual e identidad sexual, con la finalidad de acabar con estas situaciones estructurales de violencia.
16. Abogamos por una mayor participación y por la creación de mecanismos de democracia directa y participativa en todos los órganos de toma de decisiones de los centros educativos.
17. Dentro del conjunto de medidas a tomar para asegurar una sostenibilidad
ecológica adecuada:
a) Entendemos como necesario el fomento del consumo de productos y
servicios locales y sostenibles comenzando por los propios centros.
b) Buscamos promover el uso del transporte público y ecológicamente
responsable. También un modelo de campus sostenible integrado en el
núcleo urbano.
c) Abogamos por la incorporación de una cultura ecológica en los curriculums escolares.
18. Exigimos la retirada inmediata de todos los símbolos del franquismo que
permanezcan en los centros públicos de enseñanza.
19. Del mismo modo, reivindicamos una revisión de los contenidos de las materias para garantizar una visión crítica de la historia.
20. Demandamos que se garantice el correcto aprendizaje, uso y promoción de las lenguas de cada comunidad y el respeto a la propia cultura.
Y entendiendo la educación pública y de calidad en todos los niveles como un
derecho básico, y la lucha por ella una necesidad, exigimos la absolución de las detenidas de las manifestaciones contra Bolonia en el año 2009 en Barcelona.
En Sevilla, 30 de octubre de 2011.
